La ciencia argentina no está pasando por un buen momento. Todo por obra y gracia por decisiones desacertadas del Gobierno, que pese a todo, minimiza la crisis.
Actualmente se observa enojo y hastío en las voces de los científicos más experimentados. Tristeza y decepción, en la de los jóvenes. Es por la abrupta disminución del financiamiento del sistema científico argentino denunciado ya a través de tres cartas públicas por 240 directores de institutos de investigación, 1.167 científicos de todo el mundo y 11 premios Nobel. Ninguno ha recibido respuesta del gobierno.
“Lo que ocurre es que me han dicho algo que ya sabía: que hay menos presupuesto, que hay que apostar a la ciencia. Es algo que jamás he negado. No había una propuesta que tuviera que ser analizada más allá de aumentar el presupuesto y eso lo estamos haciendo. Estamos tratando de aumentarlo”, dijo el secretario de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, José Lino Barañao. Para él, que administra la cartera desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, “no es la peor situación por la que ha pasado la ciencia argentina” y si bien “es verdad que hay menos fondos, eso no implica que toda la ciencia esté en peligro”.
La comunidad científica discrepa con la justificación oficial. “Hoy los investigadores no pueden pagar los servicios mínimos de higiene y seguridad. Están limpiando los laboratorios ellos porque no hay dinero para pagarle a las cooperativas que se encargaban de esto”, aseguró Roberto Salvarezza, ex director del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el principal organismo de ciencia de Argentina y actual presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación.
El Conicet es la mejor institución gubernamental de ciencia en Latinoamérica, según el último ranking de Scimago, una evaluadora internacional de instituciones científicas. En su última convocatoria fueron rechazados 2.145 doctores de los 2.595 que se habían presentado. El 80%, afuera. “Esto produce una terrible desilusión en estos jóvenes que se han formado durante casi 14 años y en los que el Estado argentino, es decir todos nosotros, invertimos en su formación. Algunos se presentaban por segunda o tercera vez. Han quedado afuera jóvenes con más de 90 puntos”, cuestionó la doctora en Ciencias Químicas Ana María Franchi, directora de un centro de investigación especializado en reproducción humana.
Desde que asumió el poder, el Gobierno ha reducido el presupuesto para ciencia y tecnología del 0,35% del PBI en 2015 al 0,25% en 2019, según datos oficiales y del directorio del Conicet. Además de los 2.145 doctores que no continuarán sus investigaciones, los 450 que sí podrán hacerlo, lo harán con un salario mensual en torno a los 38.000 pesos (unos 760 euros), apenas por encima de la línea de la pobreza. El año pasado degradó a Secretaría el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En tres años han regresado al país un promedio de dos científicos por año mientras que el ritmo era, desde 2003, de 130. El único impulso que reciben, dicen, es hacia afuera. “Ese es un síntoma de la salud del sistema”, advirtió Salvarezza, diputado nacional por el Frente para la Victoria, el partido kirchnerista. Los retornos se promovían desde el Estado a través del programa Raíces, actualmente estancado.
El problema no es solamente económico. Para el doctor y bioantropólogo Rolando González, quien lleva 40 años en la investigación, la “degradación institucional” es igualmente preocupante. “El presidente del Conicet (Alejandro Ceccatto) está de baja por enfermedad, la presidenta a cargo ya tiene su mandato vencido. Hay dos miembros del directorio, los premiados doctores Kornblihtt y Pecheny, que fueron electos hace un año y todavía no han sido designados por el presidente Macri y en nuestro cuerpo no se han renovado autoridades. El secretario (Barañao) prácticamente no toma decisiones presupuestarias”, detalló.
Los otros organismos científicos del Estado tampoco están en condiciones de ofrecer soluciones. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) echó a 800 investigadores, el 20% de su planta, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) a 258, 10% de su personal, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a 213 y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a 255.