Desde ayer en lo reglamentario y a partir de mañana en lo práctico, comienzan a regir las audiencias orales en lo civil, comercial, laboral, contencioso y administrativo. Titulares de dos juzgados de Capital Federal brindaron una conferencia a sala llena. Destacaron beneficios de esta metodología. “El protocolo es una garantía” y “no cambiamos el Código Procesal”, aseguraron en diálogo con El Litoral.
Gustavo Lescano
De la Redacción
“Hay resistencias que son culturales, hay una inercia cultural. El orden jurídico es naturalmente conservador, el Poder Judicial es especialmente conservador dentro de lo que es el orden jurídico”, señaló el juez Gustavo Caramelo Diaz al referirse al debate sobre la aplicación de cambios en audiencias judiciales en Corrientes que ahora pasan a la oralidad en los procesos civiles, comerciales, laborales, contenciosos y administrativos. La nueva modalidad -en base a una acordada del STJ- comenzó a regir ayer. Pero, en la práctica, entrará en vigencia desde mañana.
En ese contexto, el magistrado Diaz, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº 1 de Capital Federal, junto con su par Cecilia Kandus, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 24, también de Capital Federal, brindaron una charla en la capital correntina ante una sala abarrotada de diversos actores del foro local.
Durante el encuentro explicaron detalles de este tipo de modalidad y sus beneficios, de acuerdo con la experiencia cosechada en sus jurisdicciones. “El protocolo es una garantía” y “no cambiamos el Código Procesal”, resaltaron en una entrevista con El Litoral que se llevó a cabo en el intervalo de la conferencia.
“Se establecen pautas de trabajo que son razonables”, indicaron y coincidieron en afirmar que la tarea se desarrolla “con las mismas normas que tenemos: no cambiamos el Código Procesal”. Esto expresaron en respuesta a una de las críticas que se plantearon en Corrientes. “La apertura democrática es muy importante, porque permite que el ciudadano participe del proceso de construcción de la toma de decisiones”, manifestaron.
—¿Cuáles son los ejes de esta charla sobre procesos orales?
—Diaz: estamos tratando de intercambiar con colegas, con abogados, nuestra experiencia en la Justicia nacional en materia de oralidad. Creemos que el sistema de Justicia no da más, es obsoleto, es un sistema diseñado en el siglo XIX que no da respuestas a los problemas del siglo XXI, y tampoco a la complejidad y dinámica de una sociedad como la que tenemos hoy. La oralidad es un método efectivo de trabajo para democratizar el proceso, para traer claridad a las decisiones judiciales, que dejen de ser algo tomado tras bambalinas, oscuro, con la opacidad que tiene el papel con el que se tramita los procesos. Entonces, somos entusiastas con la doctora Kandus, porque lo valoramos especialmente, tenemos vocación por esto y lo consideramos como una mejor forma de hacer nuestro trabajo y servir mejor a la comunidad, desde nuestros cargos de jueces nacionales. Y queremos transmitirlo y compartirlo con todos los colegas del país.
—¿En la práctica, qué resultados alcanzaron?
—Kandus: los resultados que hemos obtenido son muy buenos en calidad de servicio hacia la Justicia, al justiciable. La gente celebra que el juez esté presente, el poder conocer a quién va a resolver su caso. Saber que el tiempo de proceso es corto, que va a tener un final que no es lejano, unos cuatro o cinco meses. Y de esa manera, además, se transparenta el servicio de Justicia, que es algo necesario y que la gente quiere. Mostrar que la Justicia funciona, que es un servicio eficiente para la comunidad, eso es lo que queremos transmitir. Con las mismas normas que tenemos: no cambiamos el Código Procesal. En la Nación, el Código Procesal es muy parecido al de Corrientes. Y lo único que hacemos es sentar reglas de trabajo, sentarnos en las audiencias con los abogados y fijar pautas de trabajo: cómo nos vamos a distribuir la tarea, pero con las mismas normas que tenemos en el Código, con las mismas facultades, con los mismos deberes, con las mismas normas de procedimiento, Y eso es enriquecedor.
—En el ámbito local se redactó un protocolo, ¿ustedes tienen uno similar?
—Diaz: en la Justicia nacional trabajamos con un protocolo y creo que todas las provincias lo hacen. Y de acuerdo con lo que vimos, el de Corrientes es muy similar al nuestro.
Estos documentos establecen pautas de trabajo que son razonables, o sea, cuando uno tiene que cambiar una dinámica de trabajo tiene que ponerlo en claro, establecer los lineamientos sobre los que va a operar ese cambio. Y en realidad creo que estos protocolos y estos medios de trabajo afianzan aún más la constitucionalidad del proceso. Por el contrario, es el proceso escrito el que afecta en términos de constitucionalidad, de acceso a la justicia.
Diseñar protocolos es interesante porque permite que todos tengamos en claro cuáles son las pautas que se van dando en los cambios. Creo que a futuro lo que va a producirse es naturalmente el cambio definitivo de las normas procesales abandonando totalmente el proceso escrito. Esto es como un avance, o un paso intermedio, en la dirección hacia la que debemos ir.
—Kandus: además, el protocolo es una garantía. No podríamos haber dicho que con este mismo Código Procesal vamos a actuar distinto, sin tener una transición, lo cual constituye una garantía para el abogado saber cuáles son las pautas a las que el juez se debe ceñir. Pero nunca, por supuesto, afectando el derecho a defensa, nunca afectando la bilateralidad, ni la igualdad. En realidad, la oralidad hace que se patentice en una audiencia grabada qué hizo y qué no hizo el juez, qué hizo la parte, el abogado y qué no. Entonces, no hay posibilidades de arbitrariedades porque está todo grabado en una audiencia oral.
—Hay algunas objeciones, cierta resistencia a esta modalidad, ¿lo experimentaron en otras jurisdicciones?
—Diaz: hay resistencia que son culturales, hay una inercia cultural. El orden jurídico es naturalmente conservador, el Poder Judicial es especialmente conservador dentro de lo que es el orden jurídico. Y nos encontramos en general que muchas veces, incluso, los colegas abogados no entienden o no lo ven como algo que lo beneficie. Cuando yo no tengo dudas de que esto es mucho mejor: acorta los tiempos del proceso, le da mayor transparencia al debate porque en el caso de que hubiera un juez arbitrario en frente, queda grabado, se lo ve. Me parece totalmente beneficioso.
Y es una cuestión de tiempo, porque todo cambio lleva un proceso de persuasión y luego de adopción de convicción, para que finalmente se pueda producir. Hay que generar la masa crítica suficiente como para que este cambio pueda hacerse efectivo ya, en una consolidación normativa a futuro.
—¿Están todas las garantías resguardadas?
—Diaz: estuvimos analizando el Código de Corrientes y tiene normas similares al nuestro. El juez tiene todas las facultades para realizar esto, dentro del Código. No hay nada librado al azar.
—Kandus: además, siempre se le reclamó al juez que sea protagonista de los casos, que los resuelva con justicia. Siempre se le reclamó la presencia al magistrado. Todo el desarrollo doctrinario que hubo en estos últimos 30 años fueron para decirle al juez que se haga cargo de los conflictos, que lo resuelva con justicia. Y justamente lo que está haciendo un juez es hacerse cargo de un rol que debe cumplir.
—¿La idea es acortar el tiempo y “humanizar el proceso”, como sostienen magistrados locales que acompañan este cambio?
—Diaz: la apertura democrática es muy importante, porque permite que el ciudadano, el habitante, participe del proceso de construcción de la toma de decisiones.
—Kandus: cada vez más, el ciudadano conoce sus derechos y sabe quiénes son sus funcionarios, sus servidores públicos y que estos le tienen que dar un servicio. Eso es precisamente lo que reclaman: que seamos servidores públicos y que hagamos justicia eficiente, que para eso nos pagan.
—Diaz: Es una rendición de cuentas cotidiana.
Fuente: Diario El Litoral
Fecha: 2-6-2019